Bullrich en 9 de Julio
09/11/2025
La visita de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en 9 de Julio, a las zonas anegadas se confirmó como la puesta en escena de la estrategia política que se venía denunciando: utilizar la tragedia de las inundaciones, agravada por el propio abandono nacional de obras, para atacar y desprestigiar al gobierno provincial.
El mensaje de la Ministra, centrado en la supuesta ineficiencia bonaerense y la promesa vaga de asistencia, dejó en claro que la prioridad no era la solución estructural, sino la disputa política en un territorio devastado.
El panel que acompañó a la Ministra era un reflejo de la tensión política y el drama de la región.
La presencia de figuras clave es notable, lo que sumó peso a la confrontación:
El presidente de Coninagro es Lucas Magnano, Carlos Castagnani presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, el presidente de CARBAP Ignacio Kovarsky, Sergio Iraeta Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural algunos de los presentes en el Panel donde la Ministra habló a los presentes.
Patricia Bullrich
Ministra de Seguridad, encabezando la respuesta de emergencia federal.
Intendentes de la Oposición
Se confirmó la asistencia de líderes locales de la región afectada, como Mariano Barroso (exintendente de 9 de Julio), Salvador Serenal (Lincoln), y Franco Flexas (General Viamonte). Su presencia sirvió para mostrar el rostro de la emergencia, pero también para ser el blanco de las críticas de la Nación.
Funcionarios Nacionales
Acompañaron figuras de Vialidad Nacional y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), buscando legitimar la intervención federal como una acción de «ordenamiento» ante el caos.
Ante más de 400 personas entre vecinos, ruralistas y productores, la Ministra pudo haber lanzado un mensaje de unidad y compromiso con las obras estructurales. En cambio, optó por la confrontación.
El Gobierno Nacional, que mantuvo paralizadas las obras clave del Río Salado (Tramo IV, Etapa 2) desde finales de 2023 por recortes presupuestarios, esperó al momento de mayor desesperación de los habitantes para presentarse con bombos y platillos.
La llegada de la Ministra Bullrich, en lugar de centrarse en la autocrítica por la omisión de la Nación, desplegó una narrativa de confrontación.
Acusación de «Desorden»: Bullrich acusó públicamente a la Provincia de Buenos Aires de manejar la situación hídrica como un «verdadero desorden», sugiriendo que la Nación se veía obligada a intervenir para «ordenar» la asistencia.
Eludir la Causa Raíz: Este señalamiento elude convenientemente la causa de fondo que la Provincia y los productores venían denunciando: la falta de capacidad de escurrimiento del Río Salado, generada por la paralización federal de las obras desde hacía casi dos años.
En síntesis, la Ministra utilizó el fracaso de la ingeniería hídrica (responsabilidad nacional por omisión) como un argumento para criticar la gestión de la emergencia (responsabilidad provincial), un claro ejemplo de «política sucia» donde las víctimas de la inundación son rehenes de una disputa electoral.
En su reunión con intendentes y damnificados, Bullrich se enfocó en el despliegue de recursos de emergencia, pero mantuvo un silencio ambiguo sobre el tema que realmente puede evitar la próxima catástrofe: la reactivación de las obras hidráulicas.
Asistencia Inmediata: Se confirmó el envío de ayuda económica ($1.900 millones iniciales), maquinaria de Vialidad Nacional y el despliegue de fuerzas federales.
Si bien la ayuda de emergencia es necesaria, no es la solución estructural.
La Trampa de las Obras: Al ser consultada sobre la paralización del Plan Salado, la Ministra prometió «abordar el tema», sin dar ninguna garantía de reactivación inmediata del Tramo IV.2, que es el que destrabaría el drenaje de la Cuenca.
Lo que realmente se dejó en limpio de la visita es una gran duda sobre el futuro de las obras esenciales.
El Gobierno Nacional, que demostró tener la capacidad de movilizar recursos logísticos y económicos en horas para la emergencia, sigue negándose a movilizar los fondos (inmovilizados en el Fondo Hídrico) para reactivar la obra que evitaría la emergencia futura. La prioridad es la foto de la asistencia, no la inversión que saca a la región de la vulnerabilidad.
La estrategia política de Bullrich encontró resistencia inmediata en el propio terreno. Productores y ruralistas señalaron la tardanza y la hipocresía de la intervención federal.
Voces del campo recordaron que hay zonas de 9 de Julio que llevan «nueve meses» bajo el agua (desde las primeras lluvias de marzo) y que el Gobierno Nacional solo apareció cuando la crisis se volvió ineludible y mediática.
El reclamo fue unánime: no es una cuestión de mandar ayuda puntual, sino de terminar la obra hídrica.
Las maquinarias de Vialidad no pueden suplir la capacidad de dragado y ensanche de un plan maestro que se abandonó por la decisión fiscalista del Gobierno Nacional.
La visita de Patricia Bullrich a 9 de Julio, en medio de la crisis, fue la confirmación de que la inundación se ha convertido en un escenario de confrontación política.
El Gobierno Nacional, que es el principal responsable de la falta de obras que agrava la inundación, intentó utilizar su ayuda de emergencia para deslegitimar al gobierno provincial.
La retórica de «desorden» busca tapar una omisión grave: el abandono de las obras del Salado desde fines de 2023. Esta política de dejar a la provincia sin recursos esenciales por antagonismo político tiene un costo humano y productivo altísimo.
Los habitantes de 9 de Julio y Bragado no solo sufren la inundación, sino también el dolor de ser moneda de cambio en una disputa política que ignora la urgencia de la solución definitiva.
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