Bullrich en 9 de Julio
09/11/2025
Las Inundaciones como Arma Política potencia la crisis hídrica que estranguló a localidades como 9 de Julio y Bragado en estos días de noviembre de 2025 no fue un evento natural imparable, sino la crónica de una catástrofe anunciada y agudizada por la inacción y la decisión política del Gobierno Nacional a partir de finales de 2023.
Lo que presencian los habitantes de Buenos Aires es un conflicto político desatado, donde el costo de la disputa recae, literalmente, sobre los campos y las viviendas inundadas.
La Nación, al paralizar obras esenciales, generó una crisis estructural, y luego utilizó la emergencia resultante para intentar hacer quedar mal al gobierno provincial, en un acto de flagrante política sucia.
El epicentro de la responsabilidad es la paralización del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, la obra de dragado y ensanche más importante de la provincia.
Los datos son incuestionables y demuestran la responsabilidad federal en el abandono:
Pérdidas Anuales Innecesarias: La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) denunció que la paralización total del Plan Salado representa pérdidas anuales superiores a los US$ 5.000 millones para la región agropecuaria.
El plan, iniciado en 1999 con apoyo del Banco Mundial, se encuentra ejecutado apenas a la mitad después de 25 años.
Paralización de Tramos Estratégicos: La Provincia señaló que el Gobierno Nacional frenó la continuidad del Tramo IV, Etapa 2 de las obras, un cuello de botella cuya conclusión es necesaria para avanzar en los siguientes tramos.
Los documentos muestran que mientras la Nación recortaba y paralizaba, el Gobierno Provincial seguía buscando financiamiento (incluso externo) para completar el plan.
Fondo Hídrico Inmovilizado: La paralización no se debió a una falta de fondos disponibles, sino a una decisión política de no ejecutarlos.
El Consejo Asesor del Río Salado advirtió en el transcurso de 2024 que el Fondo Hídrico de Infraestructura, creado específicamente para estas obras, cuenta con miles de millones de pesos inmovilizados en el Banco Nación, sin ser utilizados para reactivar los trabajos.
Esta desidia administrativa fue calificada por el sector agropecuario como «inexplicable e inaceptable».
Las advertencias sobre esta catástrofe no fueron esporádicas, sino un clamor constante del sector productivo bonaerense que se intensificó a medida que el clima se agravaba:
Marzo de 2025: Las entidades del agro alertaron sobre la falta de conclusión de un tramo de solo 30 kilómetros en la cuenca, con Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Honorario del Salado, exigiendo que se recurra a los fondos afectados para garantizar la continuidad. En este momento, miles de hectáreas ya estaban anegadas.
Septiembre de 2025: El Consejo Asesor volvió a reclamar la reactivación inmediata del Tramo IV.2, señalando que, a pesar de las urgencias y los $175.000 millones que se estimaban en el Fondo Hídrico, la obra continuaba paralizada.
Noviembre de 2025 (La Catástrofe): Las lluvias excedieron el promedio anual. En 9 de Julio, se registraron 1.105,9 milímetros en menos de ocho meses, superando ya la media anual histórica de 1.000 mm. La falta de escurrimiento generó que más de 4,5 a 5 millones de hectáreas quedaran afectadas en la provincia, con pérdidas que, solo en esta emergencia, podrían superar los US$ 2.400 millones. El 80% de la red vial rural de zonas como 9 de Julio quedó inutilizable.
Ante la magnitud de la inundación, la respuesta del Gobierno Nacional, a través de sus ministros, fue la de acusar a la Provincia de «desorden» y justificar una intervención federal (tardía) para «ordenar» la asistencia.
Esta acción, que se produjo en el momento más álgido de la crisis, se interpreta como un claro intento de victimización política:
El Gobierno Nacional, responsable de haber dejado a la provincia sin obras hídricas esenciales por un período de casi dos años (desde el cambio de gestión), buscó trasladar la culpa del desastre estructural al manejo coyuntural de la Provincia, que se veía desbordada por la falta de capacidad de escurrimiento del río.
El objetivo final fue hacer quedar mal a la gestión provincial por ser la contraparte política, utilizando la miseria de los inundados como telón de fondo para una disputa electoral. La paralización de las obras nacionales, financiada por un fondo específico que se decidió no utilizar, es el dato que desenmascara esta operación.
Este video ilustra el fuerte cruce político y las denuncias sobre quién es responsable de la paralización de las obras en la Cuenca del Salado:
Inundaciones en Buenos Aires: cruces entre Nación y Provincia por la falta de obras
La evidencia acumulada desde finales de 2023 hasta la emergencia actual de noviembre de 2025 es abrumadora: el Gobierno Nacional es el principal responsable de la severidad de las inundaciones en 9 de Julio y Bragado.
Al tomar la decisión deliberada de paralizar las obras clave del Río Salado y retener los fondos del Fondo Hídrico, lo que configura una omisión grave de su responsabilidad, la Nación dejó a la provincia de Buenos Aires indefensa ante la precipitación.
La posterior intervención con la AFE y las acusaciones de «desorden» solo sirvieron para camuflar la causa real de la catástrofe: el abandono de obras esenciales por simple antagonismo político.
Los habitantes de las zonas inundadas son las víctimas directas de una política desquiciada que priorizó la disputa ideológica por sobre la vida y la producción de millones de personas.
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